Partido Socialista
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES










Programa Político







Congreso de Unidad
7 de diciembre de 2002
















Propuesta de la comisión integrada por
Angel Barraco, Pablo Bonazzola, Julián D’Angelo,
Roberto A. Pagura, Analía Ubieta y Néstor Zakim
Introducción

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la concentración, el desarrollo y las contradicciones propias del sistema capitalista, profundizadas por la globalización, se manifiestan en toda su dimensión, está signada por los contrastes, la fragmentación y la existencia de profundos y extendidos desequilibrios y desigualdades.
La burguesía porteña disfruta de un acceso privilegiado los espacios públicos, la infraestructura y los servicios, como resultado de una configuración espacial de la ciudad que perpetúa y agrava las desigualdades sociales y que las políticas públicas de las sucesivas administraciones han contribuido a consolidar.
Los sectores más postergados, los desocupados, los excluidos, el pueblo trabajador, por el contrario y en medida cada vez mayor, se ve condenado a condiciones de vida degradas y al confinamiento en barrios que carecen, en muchos casos, de la infraestructura más elemental. La distribución del presupuesto de la Ciudad no hace más que ahondar la brecha que existe entre los barrios del norte –abastecidos por la mayor densidad de servicios públicos y particulares, donde los espacios verdes están mejor conservados y las escuelas y los hospitales concentran el mejor equipamiento, pese a la proliferación de clínicas y establecimientos educativos privados– y los barrios pobres –en los que sus pobladores acceden penosamente a la vivienda o habitan en condiciones indignas y de hacinamiento, concurren a escuelas y hospitales desabastecidos y plazas y paseos deteriorados, cuando no carecen por completo de ellos.
Como fruto de una larga historia de connivencias e intrincados vínculos con las autoridades de la Ciudad y nacionales, particulares privilegiados, o instituciones que los albergan, se han ido apropiando progresivamente de los espacios verdes, convertidos en cotos cerrados al habitante común, que hoy no puede acceder, siquiera, al Río de la Plata, cuya ribera se ha distribuido entre las concesionarias de las empresas y dependencias públicas enajenadas, los clubes privados, las dependencias militares, y los megaemprendimientos inmobiliarios como Puerto Madero y sus expansiones previstas
A partir de 1989, con la estrategia privatizadora de la gestión neoconservadora, orientada localmente por el delegado del gobierno menemista, la enajenación de la ciudad se profundizó aún más. En unos pocos años, fue concesionada una parte considerable de la infraestructura y de los servicios que prestaba el entonces municipio, e incluso se transfirieron a manos privadas áreas estratégicas de la administración, a tono con lo que sucedía en el nivel nacional, en todos los casos como producto de acuerdos poco transparentes y sin que el estado se reservara un adecuado poder de regulación y control.
Ello no hubiera sido posible sin la existencia de una extendida degradación de los comportamientos políticos y una generalizada corrupción en todos los estamentos del poder, asociadas a la desvergonzada connivencia de los grandes partidos con un establishment habituado a las prácticas mafiosas, al riesgo cero, a las ganancias ilimitadas de unos pocos a expensas de las grandes mayorías y a la impunidad para los grandes delitos. Así, a las prácticas punteriles y el tráfico de influencias tradicionales, encarnados en el esquema bipartidista de la política argentina, se sumó un desembozado asalto al erario por parte de actores políticos y económicos, que acentuó la desarticulación del estado y terminó sumiendo al sistema institucional en el más profundo descrédito.
Durante los 90, se agravaron las dificultades presupuestarias de la ciudad. A las inequidades de su sistema fiscal, que tiende a beneficiar a los que más tienen, se sumaron las consecuencias de las gravosas concesiones aludidas, de la política tributaria del gobierno nacional –convalidada por sus delegados en el municipio– dirigida a favorecer a los grandes capitalistas, de la transferencia de servicios sin las partidas correspondientes y de un acuerdo de coparticipación federal que discrimina abiertamente al distrito.
Tal como ocurrió en el resto del territorio nacional, Buenos Aires sufrió también las consecuencias de las políticas neoliberales, que reforzaron la dualización de la sociedad e impulsaron una distribución de los ingresos cada vez más regresiva, la profundización de la pobreza, la indigencia y el desamparo, el desempleo, la extensión de la jornada de trabajo y la precarización laboral, la concentración y la centralización económicas, y un desmesurado crecimiento de la intermediación financiera en detrimento de las actividades genuinamente productivas.
Así, mientras se acentuaba el desequilibrio presupuestario en beneficio de los distritos más acomodados y el gobierno comprometía ingentes inversiones en la creación de un barrio para ricos, en las mejores tierras de la ciudad, se multiplicaba en proporción geométrica el número de sus habitantes que vive en villas de emergencia, inquilinatos y casas tomadas, se triplicaba la población afectada por problemas laborales, se profundizaba la brecha entre los estratos de mayores y de menores ingresos, se acentuaba la división entre el norte y el sur, crecía el impacto de las enfermedades de origen nítidamente social y las escuelas veían dramáticamente trastocada su función original, que se traduce de manera inevitable en un sensible deterioro educativo.
La obtención de la autonomía política, el dictado de una Constitución avanzada para la ciudad, la formación de una Legislatura con mayores atribuciones y la elección democrática, por primera vez, del Jefe de Gobierno importaron un paso adelante significativo. Se pensó entonces que las nuevas instituciones, la creación de mecanismos orientados en la letra a promover la participación ciudadana y la descentralización, y la caducidad fáctica de todos los mandatos iban a promover una profunda renovación política.
Sin embargo, no fue así. En buena medida, la autonomía de la ciudad en el campo económico estaba claramente acotada por las privatizaciones decididas en las gestiones anteriores, el rumbo del gobierno nacional y la ausencia de facultades de fiscalización sobre los servicios públicos, que tienen una notable incidencia no sólo en materia de generación de producto y capacidad de tributación sino en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.
Por otro lado, y aunque las sucesivas gestiones demostraron escasa capacidad de respuesta frente al agravamiento de la situación social, sanitaria, educativa y laboral, no es menos cierto que éste depende en buena medida de la política adoptada en el orden nacional.
Por último, y a poco andar, quedó demostrado también que la tan mentada renovación política no era tal. La ciudad no permaneció precisamente ajena a la crisis de representación de los partidos y a su divorcio de las necesidades y aspiraciones de aquéllos a quienes dicen representar. Las nuevas instituciones tendieron rápidamente a reproducir los viejos vicios y las instancias de democracia directa previstas en la Constitución terminaron transformándose, con demasiada frecuencia, en parodias de participación orientadas a convalidar decisiones tomadas de antemano.
A pesar de sus esfuerzos, la salud de la coalición gobernante en la ciudad no fue tampoco inmune al estruendoso fracaso del gobierno nacional de la Alianza. Y su caída acentuó el deterioro de una gestión acosada por sus propias ineficacias, su nulo protagonismo político y una escasa vocación por la audacia y la innovación, no sólo bajo el mandato previsiblemente conservador de quien terminó convirtiéndose en Presidente de la República sino también en el período que le correspondió a su sucesor.
Los sucesos del 19 y el 20 de diciembre de 2001 vinieron a poner en evidencia que una parte significativa de la sociedad demanda nuevas respuestas, frente al agotamiento de un régimen político, económico y social moldeado por la última dictadura, el endeudamiento externo fraudulento, la hiperinflación, los golpes de mercado, la desarticulación del Estado, la privatización del patrimonio público, la concentración económica y la hipertrofia de un sistema financiero ajeno a las necesidades del país y sus vaivenes institucionales.
El hartazgo popular, que ya se había insinuado en las elecciones del 14 de octubre de 2001 y se viene manifestando de múltiples formas, no apunta sólo contra un puñado de personajes, por más emblemáticos que éstos sean. Es el sistema político e institucional en su conjunto el que padece de una grave crisis de credibilidad y legitimidad, a la que no es ajeno prácticamente ninguno de sus actores.
Lo cierto es que el sistema político se ha revelado incapaz de construir un espacio de autonomía, decisión y soberanía colectivas frente a la prepotencia del poder económico. Y que más allá de las campañas orquestadas por los medios de comunicación adictos al establishment y ciertos guetos fascistas, para una significativa mayoría, la propia actividad política se ha convertido en sinónimo de corrupción, mientras su incapacidad para trasformar la vida cotidiana de las personas le ha hecho perder todo vestigio de legitimidad.
Esa ausencia de legitimidad, sumada a la ineficacia de las respuestas por parte del aparato estatal, viciado de clientelismo y corrupción, ha impulsado a un sector importante de la sociedad a hacerse cargo de sus propias decisiones y de su propio destino. Así, no sólo se han multiplicado las asociaciones y organizaciones no gubernamentales, sino que han surgido actores políticos nuevos, como las asambleas populares, los movimientos de trabajadores desocupados y las fábricas recuperadas por sus obreros, que dan nueva vida a los valores solidarios del cooperativismo y la autogestión. Sin embargo, al lado de estas experiencias innovadoras y participativas –destinadas a confluir con los socialistas y otras expresiones de la izquierda democrática política y social en la generación de un nuevo consenso y la construcción de alternativas opuestas a la hegemonía de la clase dominante–, se asiste a la vez a la emergencia de nuevos liderazgos, nutridos en el pensamiento de la derecha retardataria y en la cultura empresaria, que encarnan lo peor de la vieja política y, en conjunción con el poder económico concentrado, propugnan una salida autoritaria, que parece dar respuesta a las demandas de otros sectores, proclives a imaginar a la ciudad o a sus reductos como una isla, mágicamente al abrigo de las inclemencias sociales y económicas.
Resulta claro que se enfrentan dos modelos de ciudad. Por un lado, aquél que pretende una Buenos Aires exclusiva y excluyente, que profundice las desigualdades existentes para terminar expulsando a sus habitantes más pobres. Una ciudad destinada a ser ámbito de negocios y donde las decisiones fundamentales queden reservadas al mercado. Ese proyecto, donde no tienen cabida ni el debate público ni la participación ciudadana, apunta a consolidar la concentración de poder político y económico y la dominación cultural y social. Y, en última instancia, pretende hacer de la actividad política un coto reservado a los traficantes de influencias de los poderosos.
Frente a esa propuesta retardataria, el socialismo promueve una profunda democratización del Estado, la política, la economía, la educación y la cultura, en el camino hacia la conformación de una sociedad más justa y libre, más solidaria y autogestionada, capaz de autodeterminarse, establecer sus auténticas prioridades y ejercer una gestión eficaz y responsable de sus propios asuntos. Una sociedad, en fin, capaz de llevar a la práctica el histórico lema: “de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades”.
Nada de ello será posible sin una enérgica movilización de la misma sociedad y, fundamentalmente, de los trabajadores, de los postergados y los excluidos. Por esa razón, la militancia de los socialistas no se circunscribe sólo al desarrollo de tareas desde las instituciones del Estado o el ejercicio de cargos representativos. Exige también un activo y perseverante trabajo en el seno de la propia sociedad, orientado a articular intereses y demandas, y a impulsar y dinamizar experiencias de participación, autogestión y organización popular. Esa será la base para construir espacios de poder social, económico, cultural y político, capaces de vertebrar una nueva hegemonía, nuevos consensos y un renovado horizonte de transformación.
Consecuentemente, el Partido Socialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trabajará políticamente a favor de: la lucha contra toda desigualdad y discriminación; la organización de la sociedad en movimientos autónomos de defensa del medio ambiente y de la educación, la salud, el patrimonio y los espacios públicos; la gratuidad de la educación y la salud pública en todos sus niveles y la autonomía y el autogobierno universitario; la labor de los organismos que defienden los derechos de las mujeres, los niños, los ancianos y las personas con necesidades especiales; las demandas de los trabajadores en favor de la democratización de sus sindicatos y en defensa de sus condiciones de labor, sus salarios y su derecho a participar de la gestión económica; la efectiva vigencia y la necesaria extensión de los derechos civiles y democráticos y el recorte de las atribuciones discrecionales del estado y las instituciones policiales; las demandas de vivienda de los inquilinos de bajos recursos y de quienes habitan casas tomadas, falsos hoteles, inquilinatos y villas de emergencia; la democratización de la comunicación social y de la cultura, así como el acceso y la participación popular en todas sus manifestaciones; las experiencias autogestionarias y cooperativas en las que el pueblo se ejercita en el manejo de sus propios asuntos; la revalorización de la política como espacio de debate y determinación colectiva; el aumento de la participación, la información, el control y el poder de la sociedad en la determinación de su propio futuro, frente al estado y el poder económico.
Las gestiones socialistas en las ciudades, tanto en la Argentina como en otros países de la región, como Brasil y Uruguay, proporcionan una valiosa experiencia que debe ser debidamente aprovechada. Es necesario, entonces, articular lo que hasta ahora sido un intercambio fraternal para convertirlo en una confluencia política, capaz de convertir a las ciudades del Mercosur en el laboratorio privilegiado de un nuevo socialismo y de una nueva sociedad.
Con ese respaldo, junto a los trabajadores, los marginados, los excluidos, los pequeños y medianos productores, los educadores, los científicos, los profesionales, los trabajadores de la cultura, los jóvenes, los estudiantes, los que cotidianamente luchan por un mundo mejor y las fuerzas políticas y sociales más dinámicas y avanzadas, comprometidas con la profunda transformación que el pueblo demanda, el Partido Socialista aspira una construir una ciudad más justa, más democrática, más libre, más solidaria, preparada para debatir, establecer sus prioridades y decidir sobre su futuro, capaz de asegurar la gestión democrática de la cosa pública y de garantizar a todos los ciudadanos su derecho a una vida digna, a un ambiente equilibrado y saludable, a su realización profesional, laboral y personal, al acceso equitativo a los servicios y los espacios públicos, al uso del tiempo libre y a la cultura, y a participar de una actividad económica democráticamente planificada, que privilegie el interés común y las necesidades de todos.
Aspira, en definitiva, a construir una Ciudad de Buenos Aires socialista.

Estado, sistema político y régimen electoral

El Estado, que en las últimas décadas ha sido cooptado por el poder económico, debe tender en cambio a la generación de políticas que apunten a modificar las condiciones estructurales y materiales que sustentan la exclusión, la pobreza y la desigualdad.
Ello demanda romper con instituciones centralizadas, cerradas y burocráticas para dar paso a un Estado preparado para responder ágilmente a las nuevas demandas y dispuesto a apoyarse en la más amplia participación y la capacidad de decisión ciudadanas para enfrentar los problemas sociales y garantizar educación y salud para todos.
Como forma de organización política, el Estado debe estar al servicio de la sociedad y ser garante del cumplimiento de los derechos plasmados en la constitución de la ciudad, entre otros, al pleno desarrollo de la persona y a la efectiva participación en la vida política, económica y social de la comunidad.
El socialismo se compromete a trabajar activamente para la transformación estructural del Estado, que debe manifestarse, entre otros aspectos, en la modificación de los vínculos que hoy existentes entre el gobierno local y la ciudadanía. En este sentido, de apuntarse a mejorar la eficacia y la eficiencia en el manejo de los recursos y los servicios públicos, así como a recuperar su capacidad de planificación, coordinación y regulación, adoptando nuevas modalidades de participación popular en el diseño de las políticas públicas, su implementación y su control ulterior.
La corrupción pervierte a las instituciones democráticas de gobierno, las degrada y finalmente las pone al servicio de los intereses de corruptores y corrompidos en desmedro del interés de la sociedad en su conjunto. Afecta también la capacidad y recursos del Estado para hacer frente a las necesidades acuciantes de los sectores más vulnerables de la sociedad. Incentivada por la discrecionalidad y la ausencia de controles, de transparencia y visibilidad, puede ser combatida con sistemas que garanticen el acceso público generalizado a la información en todas las instancias donde ésta se produce.
Por eso, los socialistas impulsamos todas las iniciativas que tiendan a transparentar el destino de los fondos del Estado y a identificar a todas aquellas personas, empresas u organizaciones que los perciben, cualesquiera sean sus formas, para que el conjunto de la sociedad pueda ejercer su derecho a la fiscalización.
Propiciamos también el acceso oportuno, suficiente y garantizado del ciudadano a la información relativa al desempeño de las funciones públicas a través de la difusión periódica y sistematizada de información sobre la gestión estatal.
Con ese mismo objetivo, impulsamos los concursos públicos y abiertos para el nombramiento de funcionarios, la obligatoriedad de la publicidad de los actos de gobierno, la publicación y difusión de la ejecución de las partidas presupuestarias, y la eliminación de los gastos reservados en todos los poderes del Estado.
La tarea de los socialistas se orienta también a la democratización del Estado y del sistema político, que no pasa –como lo pretenden los grupos económicos más concentrados y transnacionalizados, cierta prensa tradicional y buena parte del actual gobierno– por la reducción del número de funcionarios elegibles.
El actual desprestigio de la política es funcional al objetivo de la derecha, que pretende deslegitimar su ejercicio y consolidar la colonización del Estado, para convertirlo en el soporte político de un patrón de acumulación centrado en la valorización financiera, y la cristalización de un sistema económico polarizado. De esa manera, busca abortar cualquier posibilidad de cambio social y político progresista que amenace, o simplemente modere, la rentabilidad del capital y regule el funcionamiento de los grupos más concentrados.
Es necesario salir al cruce del tal reforma. Pero ello sólo será posible a través de una reforma política progresista que amplíe y profundice las características democráticas y pluralistas del actual régimen político institucional para fortalecer la capacidad del conjunto de la sociedad de enfrentar con éxito los desafíos que se plantean.
Las ciudades y su gobierno son un terreno privilegiado para la experimentación de fórmulas nuevas y el desarrollo de una calidad distinta de acción pública y de relación entre los ciudadanos y el Estado, para enfrentar grandes y complejos problemas relativos a los espacios urbanístico, social y productivo, así como a la calidad y extensión de los servicios en las áreas urbana y metropolitana.
Para los socialistas, la prioridad es seguir avanzando en la construcción de una propuesta que recupere a la política como herramienta transformadora de la sociedad. Por eso, proponen una renovación total de la política.
La transparencia en la financiación de los partidos y la austeridad de los dirigentes y altos funcionarios constituyen una premisa básica para que la política recupere legitimidad. Es necesario también impulsar una profunda reforma que comience por los partidos políticos, hoy cuestionados por el bloqueo de los procesos naturales de renovación de dirigentes, la persistencia de rigideces burocráticas y las manipulaciones clientelísticas, la digitación de candidaturas, la consideración inequitativa de los derechos de minorías y, en general, la falta de transparencia de la vida partidaria. Debe darse paso a partidos renovados, capaces de representar a las múltiples demandas de la sociedad civil y del mundo del trabajo.
En materia electoral, por su parte, la tarea de perfeccionar las reglas y procedimientos básicos debe orientarse a perfeccionar la expresión de la soberanía popular en el marco de necesidades sociales cambiantes.
Aunque es ampliamente aceptado que los sistemas electorales no ejercen una influencia directa sobre el sistema de partidos, está demostrado que la manipulación de la magnitud de los distritos, la fórmula electoral y la renovación parcial de las legislaturas pueden determinar importantes consecuencias sobre la dinámica institucional, la eficacia del gobierno y la representación política.
Por ello, las reformas deben sustraerse a las necesidades coyunturales de quienes detentan ocasionalmente el gobierno o de los partidos políticos predominantes. El objeto de todo sistema electoral es traducir los votos en bancas, teniendo en cuenta tanto la necesidad de proveer una mayoría legislativa que haga posible gobernador al ganador como la de representar del modo más amplio y genuino posible a las expresiones partidarias con entidad electoral.
En consecuencia, los socialistas sostenemos que el diseño del régimen electoral debe partir del respeto efectivo de los derechos y las formas de expresión electoral de las minorías, de modo tal que se garantice su incorporación efectiva a la legislatura mediante procedimientos no excluyentes, sin que ello implique promover una exagerada proliferación de partidos fraccionales al sistema, es decir, sin entidad electoral suficiente.
Debe asegurarse, entonces, la participación ciudadana a través de reglas claras, transparentes y accesibles, evitando las fórmulas alambicadas, tan incomprensibles como impracticables. La fortaleza de un sistema democrático está en relación directa con el grado de compromiso efectivo de la ciudadanía, el respeto de sus tradiciones y la compresión rápida y sencilla de los procedimientos electorales.
Los socialistas están comprometidos con la democracia, que debe ser representativa pero también participativa. E impulsan una reforma política que garantice para el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, además de los derechos consagrados en la Constitución –como la iniciativa parlamentaria, la revocatoria de mandato o la audiencia pública–, la incorporación de las nuevas demandas surgidas de la participación popular en las asambleas barriales u otros espacios de autogestión y autodeterminación.
Apoyan la organización de los ciudadanos a través de los partidos políticos; los sistemas de representación proporcional; una elección de representantes legislativos que parta de establecer a la Ciudad de Buenos Aires como distrito único; las iniciativas que tiendan a transparentar, con el efectivo control de todos los poderes del Estado, el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, así como a acortar la duración de estas últimas.

Autonomía y descentralización

El nuevo status de Buenos Aires es la suma de dos componentes. Por una parte, su carácter urbano la hace heredera de los atributos del municipio, pero sus atribuciones de legislación y jurisdicción exceden ampliamente el ámbito municipal para convertirla en una entidad distinta, a la que no se ha querido denominar provincia, pero no puede negársele la condición de Ciudad Autónoma.
La delimitación concreta de competencias entre la Nación y la ciudad de Buenos Aires –y, por ende, el grado de autonomía de sus poderes legislativos y jurisdiccionales de la presión de la tutela federal– no fue realizada por el constituyente de 1994, quien de hecho delegó tal trabajo en el Congreso de la Nación y la convención local, que debía dictar el estatuto organizativo de la ciudad.
Tal imprecisión hace que las atribuciones de la ciudad puedan cambiar en la medida que lo hagan el estatuto referido o la ley de garantía de los intereses federales, más conocida como ley Cafiero. De hecho, los reiterados conflictos en torno, sobre todo, a la administración del puerto y de los recursos del Río de la Plata, así como al traspaso de la Policía Federal y de los tribunales ordinarios, deben aún dilucidarse en la justicia nacional.
A pesar de ello, la Constitución de la Ciudad Autónoma brinda una gran oportunidad institucional, porque proporciona las herramientas necesarias para encarar el proceso de descentralización política y administrativa.
La creación de comunas gobernadas por un órgano colegiado representan un avance, en la medida que se incorpora a las fuerzas políticas representativas a la gestión ejecutiva de la Ciudad. Pero para los socialistas la descentralización no se agota en esa división administrativa, sino que debe dotarse a las juntas comunales –que serán democráticamente elegidas y cuyos integrantes deberán acreditar vinculación y compromiso con la historia, las particularidades y los habitantes de los distintos barrios– de las herramientas y las atribuciones necesarias para la toma de decisiones políticas y la resolución de las problemáticas que se planteen.
El gobierno local a través de las comunas permite una participación y un control más directos, en la medida que están sustentadas por una articulación más ajustada entre necesidades cotidianas de los vecinos y acciones públicas destinadas a satisfacerlas. Para que ello sea posible, no obstante, se requiere que se transfieran a las unidades administrativas y de gestión poder real de decisión y competencias específicas, así como los recursos y los medios necesarios para ejercerlas.
La descentralización implica nuevas maneras de actuar y de relacionarse con los ciudadanos y con las organizaciones de la sociedad civil. Brinda la posibilidad de recoger en forma directa las inquietudes y necesidades de la comunidad, y puede potenciar una real y efectiva participación popular en la gestión, capaz de desarrollar una nueva conciencia política y social orientada a la innovación en materia de procedimientos y contenidos.
La existencia de un proyecto de ciudad, de una administración que funcione de manera transparente; de una movilización de actores en el marco de un plan estratégico o de distintos proyectos urbanos, culturales o sociales, de información y comunicación adecuadas, y de un efectivo compromiso ciudadano son las condiciones necesarias para que la participación produzca resultados.
Por eso, los socialistas proponen facilitar, a partir de ámbitos descentralizados, la participación de los vecinos y las organizaciones intermedias en instancias de planificación, evaluación y control de gestión, incluyendo los diferentes planes y programas de gobierno y el presupuesto.
Creen también en la necesidad de jerarquizar y optimizar las acciones tendientes a publicitar y hacer más transparentes los actos de gobierno, los mecanismos para la toma de decisiones y la administración en general.
Son partidarios de la generación de instancias de auditoría externa desde el inicio del proceso de contratación de servicios y ejecución de recursos, para evitar contrataciones lesivas al interés de la comunidad, así como de la creación de registros públicos de contratos y licitaciones para que puedan ser consultados por los administrados.
Promueven asimismo la capacitación de los agentes de la administración para que puedan contribuir a llevar adelante los procesos de participación y, al mismo tiempo, la revisión de las estructuras y procesos internos de la administración, para modificar las estructuras burocráticas y la forma de liderar grupos de trabajo, achatar las estructuras, pensar en términos de procesos, entre otras innovaciones.
Se comprometen, finalmente, a impulsar en todas las instancias legislativas la derogación de la ley 24588 de “Garantía de los Intereses Nacionales en la Ciudad de Buenos Aires”.

Gestión económica, política tributaria y presupuesto
participativo

El socialismo aspira a la democratización de la economía, mediante el impulso de las cooperativas y la autogestión obrera, una mayor participación de los trabajadores en las decisiones, una distribución equitativa del ingreso y la aplicación de leyes que impidan la concentración de capital, la vigencia de monopolios y las prácticas lesivas para los intereses de las mayorías.
Promueve también una modificación en sentido progresivo de la actual estructura fiscal, signada por una regresividad que se manifiesta, por ejemplo, en que un 63 por ciento de los ingresos tributarios de la Ciudad provengan de la imposición sobre los ingresos brutos. En este punto, considera importante la aplicación de exenciones impositivas a los microemprendimientos y a las PyMEs, así como la aplicación de alícuotas diferenciadas para las grandes empresas, además de impulsar una rediscusión de la coparticipación federal.
Los socialistas impulsan la implementación el Presupuesto Participativo para ampliar y canalizar la participación ciudadana en la elaboración de propuestas y definiciones de prioridades de la gestión pública, que se articule con las asambleas populares y los nuevos movimientos sociales y no se restrinja al ámbito comunal sino que avance también en lo que se refiere a las políticas sectoriales que involucran al conjunto de la Ciudad.
De tal forma, se pretende que la participación no se vea restringida a las cuestiones barriales, comunales o territoriales, sino que se genere un instrumento capaz de involucrar a los distintos actores y sectores sociales –comerciantes, empresarios, trabajadores, profesionales, educadores, estudiantes, usuarios y consumidores, y asociaciones ecologistas, entre otros– en la reflexión y el debate acerca de la Ciudad como un todo.
Para que esa instancia responda a sus objetivos, el Ejecutivo debe garantizar que la población acceda a la información necesaria en todas las instancias del proceso, de tal modo que pueda ejercer un control eficiente de la gestión y elaborar propuestas concretas en base a datos fehacientes de la realidad. Asimismo, una ley debe establecer los lineamientos básicos y pautas mínimas para una participación amplia y plural en la discusión del presupuesto, de tal modo que no quede librada a los avatares del gobierno de turno y se reserve a la población la posibilidades de reglamentar por sí misma aspectos concretos de su funcionamiento.
Finalmente, el Partido Socialista promueve la constitución del Consejo Económico y Social en la Ciudad como órgano de asesoramiento para la elaboración de planes de desarrollo sustentable de mediano y largo plazo, a través de mecanismos de planeamiento participativo y gestión asociada.

Planificación urbana. infraestructura de servicios y política ambiental

Los socialistas entienden que el planeamiento urbano de Buenos Aires debe responder a la problemática de una ciudad integrada indisolublemente al área metropolitana y que, en consecuencia, deben establecerse políticas compartidas con los municipios del conurbano, orientadas a un desarrollo común.
Este desarrollo debe ser programado para revalorizar la planificación urbana y territorial en función de interpretar el valor económico y social del ambiente construido, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes por encima de las especulaciones inmobiliarias y la ocupación inequitativa del suelo.
El socialismo promueve la elaboración de un plan estratégico que fortalezca la presencia de la Ciudad de Buenos Aires en la región, en el marco del Mercosur, como polo de irradiación cultural y económica, así como la definición de un plan urbano ambiental consensuado con la comunidad que propenda al equilibrio urbano, al mejoramiento de la calidad ambiental y a la convivencia de zonas residenciales con el desarrollo controlado de industrias no contaminantes.
Entiende necesaria también una política de decidida participación comunitaria para la incorporación del sur de la ciudad al desarrollo sustentable, con prioridades en la renovación y ampliación de su infraestructura de servicios, el saneamientos del Riachuelo en un programa común con los municipios limítrofes y un programa inmediato de integración de las villas de emergencia en su totalidad al tejido urbano, basado en la renovación de sus viviendas con acciones conjuntas del Estado, pequeñas y medianas empresas constructoras y los usuarios a través de emprendimientos cooperativos.
Impulsa también una nueva política de ocupación del suelo en la ribera del Río de La Plata, que prevea una limitación de la altura edilicia y tienda a la integración efectiva de la ciudad con el río. Y alienta la toma de conciencia, desde los planes de enseñanza, sobre la necesidad de defender, mantener y desarrollar el espacio público, con una activa participación comunitaria.
En esa dirección, promueve el incremento de los espacios verdes de acceso libre y gratuito, sobre la base de recuperar para la Ciudad las tierras vacantes del ferrocarril, así como la modificación del código de Planeamiento Urbano para aumentar la existencia de superficies permeables en la ocupación del suelo urbano.
El Partido Socialista es partidario de políticas que progresivamente otorguen a los propios usuarios el control de las empresas de servicio, así como de reconsiderar las prioridades de obras planteadas por las empresas privatizadas y/o concesionadas y replantear el Plan de Saneamiento Integral propuesto por la concesionaria en materia en materia de desagües cloacales.
Entiende necesario que se implementen nuevas tecnologías para el desarrollo de modalidades de transporte público y privado no contaminantes, así como la creación de playas de disuasión y transferencia de carga para desalentar el transporte particular y de gran porte en el micro y el macro centro, y en áreas de alta concentración. Y finalmente, demanda un acuerdo con las autoridades nacionales y provinciales para el control y la limitación del desarrollo del polo petroquímico de Dock Sud.

Educación, cultura y comunicación social

Es indispensable reafirmar el rol protagónico del Estado en la política educativa, y de la escuela y la universidad públicas como espacio de producción y distribución social del conocimiento y afirmación de la identidad cultural. Se debe garantizar la gratuidad de la enseñanza y el acceso a la educación en todos los niveles y modalidades, asegurando asimismo la calidad educativa.
El socialismo promoverá el acceso de todas las niñas y todos los niños y jóvenes a todos los niveles de enseñanza, así como las acciones necesarias para garantizar su permanencia. Impulsará la creación de jardines maternales y de nuevas escuelas, fundamentalmente del nivel medio en el sur de la Ciudad, propiciando la generalización del sistema de jornada completa, mediante el establecimiento de sistemas de becas y subsidios a todos los estudiantes cuya situación social lo requiera. Asimismo, realizará un estricto seguimiento de la aplicación de la Ley de Educación Media Obligatoria en la Ciudad y promoverá la enseñanza acelerada para adultos en todos los turnos.
Impulsa también el desarrollo de programas de educación sexual en todos los niveles, abiertos a la comunidad y diseñados por especialistas. Promueve la incorporación en los planes de estudio del desarrollo de programas de Identidad Barrial. Y demanda que se abra el debate sobre la Ley de Educación de la Ciudad a la participación de toda la sociedad.
El Partido Socialista cree necesario, asimismo, que se garantice un mayor presupuesto para la educación, que contemple la jerarquización salarial del personal docente y no docente y una mayor inversión en infraestructura escolar, incorporando a toda la comunidad educativa en la evaluación permanente y el control de gestión de las obras encaradas.
Entiende que debe fortalecerse el vínculo de la Ciudad con la universidad pública e impulsa desde el movimiento estudiantil una fuerte política de extensión universitaria, estimulando todas aquellas actividades que contribuyan sustancialmente a resolver las carencias sociales, afianzar las instituciones democráticas y contribuir de ese modo a la afirmación del derecho y la justicia. De esa forma, la universidad se vinculará a los sectores más postergados y a las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones sin fines de lucro, retroalimentándose con la realidad social que la rodea.
El socialismo impulsará la puesta en marcha de programas de alfabetización informática para toda la comunidad, tendientes a la democratización y a la socialización de estas tecnologías y a achicar la nueva brecha cultural y social que se abre en este siglo XXI, representada por la desigualdad en el acceso a la información y a los recursos de la Internet.
El acceso universal a la cultura es un elemento esencial del fortalecimiento democrático, de la igualdad y de la construcción de ciudadanía. Deben democratizarse la producción y el consumo de los bienes culturales, así como fortalecer las industrias culturales ligadas a la producción regional, nacional y latinoamericana.
El Partido Socialista promueve desde la comunidad una política activa de desarrollo y fortalecimiento de las bibliotecas populares, los centros culturales alternativos y las demás instituciones sociales que colaboran con la educación popular. Es importante recuperar el ámbito de las bibliotecas populares como un espacio abierto al estudio y formación de los jóvenes, los estudiantes en todos los niveles, los trabajadores y los sectores más postergados de la sociedad, impulsando una permanente actualización del acervo bibliográfico e incorporando las nuevas tecnologías de la información.
Las nuevas tecnologías permiten que los actores sean sujetos activos de los procesos de comunicación. Existen, por lo pronto, muchos medios públicos, no estatales, financiados por organizaciones de la economía solidario. Sin embargo, persiste un fuerte oligopolio en el área de las comunicaciones y aparece una fuerte ofensiva que intenta acabar con las redes públicas de comunicación social, subordinándolas a la lógica comercial.
Los socialistas, que consideran imprescindible luchar por el mantenimiento de estos canales de expresión, promueven un marco legal que garantice la continuidad en el aire de las radios comunitarias, así como la creación de redes de información alternativas al circuito comercial.

Salud

El socialismo sostiene que el acceso irrestricto, gratuito, universal y equitativo a una atención de la salud integrada e integral es un derecho fundamental que el Estado debe garantizar a toda los ciudadanos y en particular a los sectores más postergados y vulnerables de la población, segregados y librados a su propia suerte por la actual dinámica capitalista.
La vigencia de ese derecho, que debe entenderse como parte de un proyecto colectivo y es inseparable de la satisfacción de necesidades en materia de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestimenta, cultura y ambiente, demanda la planificación de la política sanitaria por parte del Estado y un desarrollo articulado de las redes de efectores que jerarquice la prevención, el primer nivel de atención y la calidad de los servicios.
Una política sanitaria de estas características supone definir al gasto en salud como una inversión social prioritaria y el trabajo interdisciplinario con otras áreas del Estado y la participación comunitaria, indispensable para detectar necesidades y establecer criterios adecuados para darles respuesta.
Esa participación, que debe darse tanto en el nivel de control del sistema como en el de la adopción de decisiones, debe canalizarse a través de los consejos locales y regionales y del consejo general creados por la ley básica de salud.
Debe propenderse también a la descentralización de la gestión hospitalaria y al desarrollo en red de centros de salud, consultorios barriales y profesionales de cabecera capaces de cubrir las necesidades de atención primaria de la población concreta de cada comuna y de poner en marcha programas de atención materno infantil, de adolescentes y de la tercera edad, entre otros, sobre la base de estudios epidemiológicos.
Los socialistas afirman la necesidad de establecer mecanismos de control efectivos y garantizar la transparencia en el uso de los recursos presupuestarios asignados, entre otras formas bajo el mecanismo del presupuesto participativo, para que el nivel del servicio de salud se corresponda con el gasto. Asimismo, entienden que es imperativo asegurar el cobro de las prestaciones del sector estatal a la seguridad social, las entidades de medicina prepaga y las aseguradoras de riesgos del trabajo, de tal modo que se evite la persistencia de subsidios implícitos reñidos con la equidad o que contribuyen a la rentabilidad de empresas privadas a costa del presupuesto público. Se oponen también a todo intento de privatizar áreas o servicios en el sector público, cualquiera fuere el mecanismo, así como a la continuidad de las intermediaciones innecesarias, que con frecuencia son también dolosas.
En materia de medicamentos, entendidos como un bien social, se impone el establecimiento de una política pública con eje en la prescripción por genéricos y su elaboración y fabricación en laboratorios propios, para asegurar la provisión en la internación y la atención ambulatoria.
La salud mental, por su parte, debe ser reconocida en su especificidad y es imprescindible garantizar el respeto irrestricto de los derechos de las personas internadas.
Finalmente, el socialismo sostiene que es imprescindible que la Ciudad asuma su papel de autoridad de regulación sanitaria sobre el sector privado y la seguridad social, así como en materia de medicamentos, alimentos y tecnología. Y que es necesario crear la red metropolitana de salud, a fin de adecuar el desarrollo de programas y hospitales de la ciudad y el conurbano a las necesidades y expectativas de la población del área, evitar la anarquía, la dispersión y la superposición de esfuerzos y presupuesto que hoy imperan.

Trabajo y derechos laborales

El éxito decisivo en la ofensiva del gran capital contra los trabajadores se refleja en que una gran proporción de los asalariados está dispuesto a aceptar la precarización salvaje de sus condiciones laborales y aún el recorte de sus sueldos para conservar el empleo. Si el programa máximo de la burguesía concentrada era la completa desregulación del mercado laboral y la eliminación definitiva de los aportes patronales, habrá que admitir que más de la mitad de la población económicamente activa sufre sus consecuencias, si se contabiliza a los desocupados, los subocupados y los sobreocupados, muchos de los cuales, por otra parte, trabajan en negro.
Tres condiciones confluyeron para que la feroz regresión del derecho y las condiciones laborales fuera posible. Por un lado, el decisivo vuelco de la relación de fuerzas a favor del capital más concentrado. Por otro, la decidida complicidad de la jerarquía sindical nucleada en la CGT oficialista, que permitió que la operación transcurriera prácticamente sin sobresaltos. Y, finalmente, la desocupación masiva, que actuó como un poderoso disuasivo de la protesta social, tanto para los ocupados como para aquéllos que esperan reingresar, o ingresar alguna vez, al mercado.
Por encima de la inversión, que en la Argentina sigue exhibiendo tasas muy bajas, el incremento de la productividad, fuente de las fabulosas ganancias acumuladas por los capitalistas en estos años, es fruto en buena medida de la superexplotación de la fuerza de trabajo. Si una proporción menor del desempleo puede atribuirse a la introducción de nuevas tecnologías, un fenómeno que se reproduce en todo el mundo pero que está lejos de responder a causas naturales, el resto responde tanto a la política de despidos en el estado como a la concentración económica en sectores poco intensivos en la utilización de mano de obra. Cada oleada recesiva deja un tendal de pequeñas y medianas empresas fuera de carrera, y son precisamente estos establecimientos los que concentran, según lo atestiguan las estadísticas, el mayor número de asalariados.
Ese fenómeno se produjo también en la ciudad de Buenos Aires, donde se acentuó la tendencia a la concentración y a la tercerización de su economía, particularmente asociada al crecimiento de las actividades de intermediación financiera y de servicios a las empresas, en detrimento de la construcción, el comercio mayorista y la industria.
En la ciudad, que aún así sigue exhibiendo tasas más que los partidos del conurbano, en particular los del segundo cinturón, la desocupación prácticamente se cuadruplicó desde 1990. Al tiempo que crecía la productividad –esto es, la extracción de plusvalía– en promedio, pero sobre todo en las actividades financieras, aumentaban también el trabajo en negro y la duración de la jornada laboral, por encima de los límites legales. Las últimas mediciones indican que 250 mil porteños carecen de empleo y que al menos la mitad de los que tienen ocupación trabajan en condiciones precarias, algo en lo que el propio estado no es la excepción.
Entretanto, una proporción creciente de sus habitantes están en los límites del mercado de trabajo, realizando actividades de mera subsistencia, como sucede con quienes realizan changas, con los cartoneros y los vendedores ambulantes, o quienes dependen de los planes de asistencia pública.
Esa situación terminal, que se manifiesta también en una regresividad inédita en la distribución del ingreso y un crecimiento abrumador de la pobreza y de la indigencia, impone a los socialistas un trabajo en varios frentes.
El Partido Socialista, que respalda la propuesta de Seguro de Empleo y Formación plebiscitada en su momento por el Frente Nacional contra la Pobreza, entiende que debe impulsarse en el ámbito de la Ciudad una política tendiente a generar ocupación desde el ámbito estatal en la realización de tareas de saneamiento, infraestructura, remodelación y refacción de instalaciones y propiedades comunales. Al mismo tiempo, es necesario impulsar la creación de cooperativas de trabajo, consumo y servicios en villas de emergencia y barrios postergados, así como respaldar la recuperación de establecimientos por sus obreros, amparándola mediante una legislación que considere de utilidad social el mantenimiento de las unidades productivas y de las fuentes de trabajo.
En otro orden, y aunque en buena medida ello depende de decisiones que exceden la jurisdicción local, los socialistas propugnan que en el ámbito de la Ciudad se apoyen la producción genuina y la generación de empleo estable, recuperando para el sector público o cooperativo las concesiones de servicios gravosas para el presupuesto. Demandan también que cesen los subsidios al capital concentrado, así como la complicidad de las autoridades locales y nacionales con las graves violaciones al derecho laboral, como sucede hoy con la extensión de la jornada de trabajo, la degradación de las condiciones de trabajo y el empleo precario, incluso en el propio estado.
Finalmente, respalda las luchas de los trabajadores por la democratización de sus sindicatos y en defensa de sus condiciones de labor, sus salarios y su derecho a participar de la gestión económica, así como los esfuerzos que desde diversos ámbitos se vienen realizando para organizar a los desocupados y los marginados, y recrear su participación económica, política y social frente a un régimen que los condena a la exclusión y el anonimato ciudadano.

Economía solidaria, autogestión y participación
ciudadana

En su lucha contra toda desigualdad y por la democratización de la política, la economía, la sociedad y la cultura, el Partido Socialista alienta todas las iniciativas que tiendan a hacer efectivos la participación, el control, la gestión y el poder de la sociedad en la determinación de su propio futuro.
En consecuencia, promueve las experiencias organizativas que, en oposición a la hegemonía de la clase dominante, basan su funcionamiento en la solidaridad, la autogestión, el cooperativismo u otras formas asociativas, y de tal modo alimentan nuevas formas de revalorizar la política como espacio de debate y determinación colectiva.
La transformación que propone exige que la acción socialista se desarrolle no sólo desde las instituciones del Estado sino también desde la propia sociedad. El Partido Socialista, en consecuencia, aspira a fortalecerse como canal de participación política y social, adecuando su estructura a la incorporación de todos aquellos que comparten su proyecto y apuntando a que su funcionamiento interno y acción cotidiana reflejen en medida cada vez mayor los valores que sostiene.
Los profundos cambios y mutaciones producidas en el terreno político, económico y social imponen que el Partido Socialista retome su concepción originaria, que concebía a la organización política como articuladora de una red de organizaciones que, en su conjunto, confluyen en una misma dirección.
El propio colapso del régimen político y económico dominante ha hecho que se multipliquen en la sociedad diversas prácticas y experiencias que se nutren del pensamiento socialista y de la tradición autogestionaria. Más allá de sus limitaciones y de las dificultades que deben enfrentar, asambleas barriales, fábricas recuperadas por sus obreros y movimientos de trabajadores desocupados no sólo están expresando una nueva dinámica de organización popular sino que en su acción cotidiana, sus debates y sus reivindicaciones cuestionan el imposibilismo dominante y la noción de que no hay otra alternativa que someterse sumisamente a la supremacía del modelo hegemónico.
Dicho de otro modo, hay un creciente desarrollo de actores, organizaciones y grupos potencialmente socialistas, independientemente de su adscripción o de su aparente unilateralidad, que pueden encontrar en el Partido un ámbito para expresar sus iniciativas e inquietudes políticas.
Para un Partido que se plantea, no sólo ejercer una administración honesta de la cosa pública sino transformar la sociedad, su acción no puede circunscribirse a poner periódicamente en marcha su maquinaria electoral, en la medida que un crecimiento en esa dimensión no es necesariamente sinónimo de mayor influencia en la sociedad.
En efecto, una hipotética participación en el gobierno o un aumento de su representación parlamentaria es hasta cierto punto indiferente si no está precedida y acompañada de una expansión de su poder en la sociedad. El objetivo de conformar la comuna socialista de Buenos Aires demanda en consecuencia que el Partido se prepare para convertirse en un espacio de pertenencia, de solidaridad, de intercambio y socialización de experiencias, de construcción y comunicación con los diversos actores sociales y políticos que llevan adelante iniciativas con las que, de un modo u otro, hay variados puntos de contacto.
Sin pretender imponer su dirección a movimientos y organizaciones que reivindican su autonomía y su independencia, el Partido Socialista alienta la posibilidad de establecer relaciones de intercambio y de mutua colaboración, de confluir en trabajos comunes –de naturaleza social, económica, educativa, cultural o sanitaria– y de colaborar en la construcción de redes capaces de articular intereses y demandas en función de objetivos de mediano plazo.
La recreación de espacios de participación y los ensayos de autogestión y poder popular son, por esas razones, confluentes con una estrategia orientada a la afirmación de un nuevo consenso transformador y solidario, indispensable para garantizar el éxito de una propuesta socialista. A partir de una adecuada interpretación de las nuevas condiciones históricas que se están gestando en la misma sociedad, el Partido Socialista se propone incorporar a su propio proyecto y a su propia dinámica las nuevas demandas y contribuir al éxito de esas experiencias.
Por ello, y como parte de una estrategia orientada a la configuración de espacios de poder social, económico, cultural y político capaces de preparar una transformación socialista de la sociedad, el Partido Socialista alienta la participación de sus militantes en los diversos frentes, movimientos, organizaciones y experiencias sociales, y se compromete institucionalmente en esa tarea, proporcionándoles infraestructura, información, asesoramiento y capacitación, comprometiendo su voluntad de transformar sus demandas sectoriales en parte de la propuesta programática del Partido y de su acción cotidiana.

Equidad de género

El Partido Socialista, fundado en 1896, fue la primera organización política que incorporó a la mujer en igualdad de condiciones con el hombre. En una época en que aún era considerada jurídicamente incapaz, carecía de derechos cívicos y debía actuar bajo la tutela de su padre o su esposo, el socialismo le reconoció voz y voto en la organización, convencido de que sin su participación no había horizonte posible de progreso social.
Hoy, es necesario consolidar y profundizar ese espacio, para seguir avanzando en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Con ese objetivo, el socialismo sostiene la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las acciones tendientes a asegurar el respeto de los derechos humanos y en todas las políticas públicas, mediante estrategias dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades de mujeres y varones.
Impulsa también la ratificación por parte del gobierno nacional del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Promueve, al mismo tiempo, la adopción de medidas orientadas a garantizar la participación igualitaria de las mujeres en todos los ámbitos públicos, políticos y sindicales, particularmente en los niveles de conducción.
En materia educativa, la política socialista se dirige a asegurar el acceso igualitario de niños y niñas a los diferentes ámbitos educativos; a la eliminación de la discriminación y los estereotipos de género en los textos escolares y en la enseñanza, a partir de la capacitación de los docentes en todos los niveles y la promoción de debates y talleres dirigidos a niñas, niños y jóvenes; y a la redistribución del gasto público con el objeto de promover oportunidades de acceso para la mujer a la educación, la capacitación, las ciencias y las nuevas tecnologías.
En el área sanitaria, el socialismo postula la necesidad de dar cumplimiento a la ley de salud reproductiva en todos los hospitales y centros de salud dependientes del Gobierno de la Ciudad; de proveer información y garantizar el acceso gratuito a los servicios de salud mental para la mujer en las diferentes etapas de su vida; de políticas orientadas a la prevención de enfermedades específicas de mujeres y varones; de despenalizar el aborto y de habilitar la interrupción del embarazado de manera gratuita en hospitales públicos, en circunstancias especiales, previamente reglamentadas.
Asimismo, apoya y promueve la adopción de políticas públicas orientadas a garantizar información, tratamiento y protección a las víctimas de violencia doméstica o abuso sexual, que comprendan acciones coordinadas en las áreas educativa, sanitaria y jurídica. Ello impone ampliar y mejorar los servicios legales y de atención médica para las víctimas de la violencia, especialmente las provenientes de los sectores más postergados, así como el funcionamiento de programas de tratamiento para personas violentas o abusadores.
En lo que se refiere a empleo, trabajo e ingreso, el socialismo auspicia programas para microemprendimientos, sustentados por el Gobierno de la Ciudad, orientados a jefas y jefes de hogar, especialmente en los sectores más vulnerables, así como políticas específicas destinadas a la capacitación laboral para jefas de hogar con escasa instrucción y a favorecer su acceso a la vivienda.
Trabaja también para que se garantice el cumplimiento de las leyes que protegen los derechos de la mujer durante el embarazado y el período de amamantamiento, se establezcan licencias familiares por nacimiento y se instalen guarderías en los ámbitos laborales, públicos y privados.
Impulsa asimismo las acciones orientadas a aumentar la contratación de personal femenino por parte de las empresas, así como las políticas destinadas a mejorar el empleo y los ingresos de la mujer, tanto en el sector formal como en el informal, a garantizar el pago de igual salario por igual trabajo y a suprimir toda forma de trabajo infantil.
Finalmente, el socialismo declara su apoyo a las acciones dirigidas a eliminar los estereotipos y toda forma de discriminación en los medios de comunicación gráficos, radiales y televisivos.